Barrios y Asociados
Firma de Abogados
Barrios y Asociados Abogados es un despacho establecido en Querétaro que opera bajo estándares de excelencia jurídica, dedicándose a la atención de casos complejos que demandan investigación minuciosa, planeación estratégica integral y litigación especializada.
Nuestra misión es ofrecer representación legal de máximo nivel, sustentada en rigor técnico, ética profesional y enfoque estratégico orientado a resultados.
Compromiso real con su tranquilidad y sus derechos
Sabemos que enfrentar un problema legal no es solo un asunto jurídico: es incertidumbre, desgaste emocional y decisiones que pueden afectar su patrimonio, su familia o su futuro.
Cuando una autoridad actúa de forma arbitraria, cuando un contrato se incumple o cuando sus derechos fundamentales están en riesgo, necesita algo más que asesoría: necesita respaldo firme, claridad y una estrategia sólida.
En nuestra firma, cada caso se analiza con rigor técnico, pero también con sensibilidad y responsabilidad. Escuchamos, explicamos con transparencia y actuamos con determinación.
Porque detrás de cada expediente hay personas, familias y proyectos de vida que merecen defensa seria y comprometida.
Defensa jurídica estratégica con resultados comprobables
En Querétaro y en todo México, representamos a personas y empresas en litigios complejos donde están en juego patrimonio, derechos fundamentales y estabilidad institucional. Nuestra práctica se distingue por estrategia procesal rigurosa, argumentación constitucional sólida y enfoque orientado a resultados concretos.
No ofrecemos soluciones genéricas. Diseñamos defensas estructuradas a partir de análisis normativo, precedentes judiciales y control de legalidad y convencionalidad.
Metodología de trabajo
• Análisis técnico exhaustivo del caso.
• Evaluación de riesgos procesales y escenarios jurídicos.
• Estrategia clara desde la primera etapa.
• Comunicación directa y transparente.
• Enfoque en resoluciones ejecutables y efectivas.
Compromiso
La diferencia no está en prometer resultados, sino en construirlos con técnica, disciplina procesal y visión estratégica.
Si su asunto requiere defensa jurídica seria, estructurada y de alto nivel, estamos preparados para asumirlo.
DERECHO CIVIL
El Derecho Civil regula las relaciones jurídicas entre particulares y constituye la base estructural del sistema jurídico mexicano. Abarca la protección del patrimonio, la familia, la propiedad y las obligaciones contractuales, ofreciendo mecanismos legales para prevenir, resolver y reparar conflictos entre personas físicas y morales.
Áreas de práctica
Contratos y obligaciones
Asesoría, estructuración y litigio en compraventa, arrendamiento, prestación de servicios, mutuo, mandato, asociaciones civiles y contratos atípicos. Acciones de cumplimiento, rescisión, nulidad e interpretación contractual.
Responsabilidad civil y daño moral
Reclamaciones por daños y perjuicios derivados de incumplimiento contractual o hechos ilícitos. Cuantificación e indemnización integral del daño patrimonial y extrapatrimonial.
Derechos reales y propiedad
Defensa y recuperación de propiedad y posesión. Juicios reivindicatorios, prescripción adquisitiva (usucapión), controversias sobre copropiedad, servidumbres e hipotecas.
Juicios ejecutivos y recuperación de cartera
Cobro judicial de pagarés, títulos de crédito y obligaciones exigibles, mediante procedimientos ejecutivos eficaces.
Sucesiones y planificación patrimonial
Juicios testamentarios e intestamentarios, defensa de herederos y legatarios, impugnación de testamentos y diseño de estrategias de protección patrimonial.
DERECHO CONSTITUCIONAL
El Derecho Constitucional es la rama del derecho público que estudia, interpreta y aplica la Constitución como norma suprema del orden jurídico. Regula la estructura del Estado, la distribución de competencias entre poderes, los límites al ejercicio del poder público y la protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales.
En México, su fundamento central se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en los artículos 1°, 14, 16, 17, 29, 103, 105 y 107, así como en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Áreas de intervención
Juicio de Amparo
Defensa frente a actos de autoridad que vulneren derechos humanos.
• Amparo indirecto contra actos, omisiones o leyes.
• Amparo directo contra sentencias definitivas.
Control de constitucionalidad y convencionalidad
Impugnación de normas generales contrarias a la Constitución o a tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales
Procesos ante la Suprema Corte para impugnar leyes o conflictos competenciales entre poderes y niveles de gobierno.
Derechos humanos y litigio estratégico
Defensa de libertades fundamentales, debido proceso, legalidad, seguridad jurídica, igualdad y acceso a la justicia.
Responsabilidad del Estado por violaciones constitucionales
Reparación integral cuando el poder público transgrede derechos fundamentales.
El Derecho Constitucional no solo interpreta normas; limita el poder, garantiza libertades y asegura que toda autoridad actúe conforme al principio de supremacía constitucional. Su práctica exige argumentación estructural, control de regularidad constitucional y convencional, y construcción de precedentes que impacten más allá del caso individual.
DERECHO AGRARIO
Regula el régimen jurídico de la propiedad social en México —ejidos y comunidades— así como los derechos y obligaciones de ejidatarios, comuneros, posesionarios y avecindados. Su fundamento principal se encuentra en el artículo 27 constitucional, la Ley Agraria, la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esta rama tutela la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra social, la regularización de derechos agrarios y la resolución de controversias derivadas del uso, disfrute y transmisión de parcelas y tierras de uso común.
Áreas
Reconocimiento y defensa de derechos agrarios
Acreditación de calidad de ejidatario o comunero, sucesión de derechos agrarios, nulidad de asambleas y defensa frente a despojo o exclusión.
Controversias sobre tierras ejidales y comunales
Delimitación, restitución y conflictos por posesión o usufructo. Impugnación de actos del comisariado ejidal o del Registro Agrario Nacional.
Asambleas y órganos ejidales
Revisión de legalidad de convocatorias, quórum y acuerdos; nulidad de resoluciones adoptadas en contravención a la Ley Agraria.
Regularización y certificación de derechos
Procedimientos ante el Registro Agrario Nacional (RAN) y actualización de certificados parcelarios.
Transmisión y aprovechamiento de tierras
Cesión de derechos, dominio pleno, aportación a sociedades, contratos de usufructo o asociación con terceros.
Expropiación y ocupación temporal
Defensa frente a actos de autoridad que afecten propiedad social, asegurando indemnización conforme a parámetros constitucionales.
Procesos ante Tribunales Agrarios
Los conflictos agrarios se tramitan ante los Tribunales Unitarios Agrarios, mediante juicios que pueden versar sobre:
• Nulidad de actos y resoluciones agrarias.
• Restitución de tierras.
• Reconocimiento de derechos sucesorios.
• Conflictos entre ejidatarios o comuneros.
• Controversias derivadas de contratos sobre tierras sociales.
El Derecho Agrario protege la función social de la tierra y garantiza seguridad jurídica en la propiedad colectiva. Su ejercicio requiere dominio técnico del régimen ejidal, análisis registral preciso y estrategia procesal especializada ante jurisdicción agraria.
DERECHO FAMILIAR
Divorcio, guarda y custodia, pensión alimenticia, patria potestad y adopción, con enfoque en protección de derechos y estabilidad jurídica.
La práctica civil exige técnica procesal rigurosa, análisis probatorio sólido y estrategia litigiosa orientada a resultados. El objetivo es claro: proteger el patrimonio, hacer exigibles los derechos y obtener resoluciones judiciales eficaces y ejecutables.
DERECHO ADMINISTRATIVO
En términos prácticos, esta rama del derecho interviene cuando una autoridad pública dicta una resolución, impone una sanción, niega un permiso o licencia, adjudica un contrato, expropia un bien, omite actuar frente a una obligación legal o causa un daño antijurídico. Su eje central es el principio de legalidad: toda actuación administrativa debe estar fundada, motivada y ajustada al marco constitucional y normativo vigente.
El Derecho Administrativo también articula mecanismos de defensa frente al poder público, tales como recursos administrativos, juicios contencioso-administrativos y acciones constitucionales, orientados a restablecer derechos vulnerados y garantizar el debido proceso.
En síntesis, el Derecho Administrativo es el instrumento jurídico que equilibra el ejercicio del poder estatal con la protección efectiva de los derechos de los ciudadanos, asegurando que la Administración actúe con legalidad, proporcionalidad, razonabilidad y control jurisdiccional.
Interviene en procedimientos y juicios derivados de la actuación de autoridades federales, estatales y municipales, conforme al marco constitucional (arts. 14, 16, 17, 103 y 107 CPEUM), la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA) y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA), además de legislaciones locales equivalentes.
DERECHO LABORAL
Regula las relaciones entre trabajadores y empleadores, garantizando condiciones dignas de trabajo, estabilidad en el empleo y tutela efectiva de derechos sociales. Su marco normativo principal se encuentra en el artículo 123 de la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, los convenios de la OIT ratificados por México y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tras la reforma laboral, los conflictos individuales y colectivos se tramitan ante los Tribunales Laborales del Poder Judicial, previa etapa obligatoria de conciliación ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (o centros locales).
Áreas
Despido y estabilidad en el empleo
Reclamaciones por despido injustificado, indemnización constitucional, reinstalación, salarios caídos y prestaciones devengadas.
Prestaciones laborales
Aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, horas extras, prima de antigüedad, reparto de utilidades (PTU) y diferencias salariales.
Riesgos de trabajo
Indemnizaciones por accidentes o enfermedades laborales, determinación de incapacidad y responsabilidad patronal.
Contratos individuales y colectivos
Redacción, revisión e interpretación. Conflictos derivados de cláusulas contractuales.
Relaciones colectivas
Legitimación de contratos colectivos, titularidad sindical, emplazamientos a huelga y negociación colectiva.
Subcontratación y responsabilidad solidaria
Cumplimiento del régimen de servicios especializados conforme a la reforma en materia de outsourcing.
Seguridad social
Controversias relacionadas con IMSS, INFONAVIT y aportaciones patronales.
Procesos laborales
• Conciliación prejudicial obligatoria.
• Juicio ordinario laboral ante tribunales laborales.
• Procedimientos especiales (conflictos colectivos, huelga).
• Juicios de amparo en materia laboral.
